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Colombia – Víctimas del conflicto

Acceso a la justicia de las comunidades autóctonas y otras víctimas del conflicto

El conflicto armado en Colombia afecta particularmente a las comunidades indígenas, afrocolombianas y a los abogados que las defienden. Dado su proyecto, ASFC se hace solidario con los abogados de derechos humanos que son amenazados por el trabajo que realizan con estas comunidades.

ASFC contribuye a mejorar el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado mediante el fomento de la práctica libre de la profesión por parte de los abogados defensores de los derechos humanos.

Contexto

El conflicto armado que atraviesa Colombia desde hace décadas sigue causando graves violaciones de derechos humanos, masacres, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias por parte de la policía, etc. De acuerdo a las fuentes internacionales más creíbles, los grupos paramilitares son culpables de numerosas violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles no combatientes.

Los indígenas y afrocolombianos, cuyas tierras ancestrales, a menudo ricas en recursos naturales, se han visto particularmente afectados por el conflicto. Los Abogados que representan ante los tribunales a las víctimas de actos delictivos cometidos por los actores armados, con el apoyo activo o el consentimiento de sus clientes dentro de las esferas políticas y económicas, son también objeto de amenazas y otras formas de intimidación.

Estos ataques, desgraciadamente muy frecuentes, afectan seriamente el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables y afectan el derecho de las víctimas a la representación efectiva de un Abogado competente e independiente. Los responsables de estos ataques, lamentablemente alcanzan su objetivo, que es precisamente disuadir a los abogados de derechos humanos tratar de detener la impunidad de aquellos que han cometido delitos graves contra la población civil y aquellos que han planificado estos crímenes. Sin embargo, sin abogados, simplemente no puede haber justicia. Y sin justicia, no puede haber reconciliación ni paz sostenible en Colombia.
 

Objetivos

1. Apoyar las acciones de los grupos de abogados defensores de los derechos humanos:

  • la defensa, promoción y realización de los derechos humanos en las comunidades indígenas afectadas por el conflicto;
  • la lucha contra la impunidad;
  • la obtención, por parte de las víctimas de conflictos armados, de su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños, particularmente los derechos relacionados con las leyes colombianas vinculadas con la desmovilización de los paramilitares.

2. Fortalecer los derechos de las víctimas (incluyendo especialmente las poblaciones indígenas afectadas por el conflicto) a la representación legal y al acceso a la justicia mediante el fomento de la práctica libre de la profesión de los abogados defensores de derechos humanos.

Logros

Mediante la financiación de su trabajo, ofreciéndoles un acompañamiento internacional y el apoyo a algunas de sus actividades específicas (viajando con las víctimas a las distintas regiones donde se han de documentar los casos de violaciones graves de derechos humanos, formación, preparación del juicio, costos judiciales, testigos y peritos, etc.), el programa permite a los abogados de Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) dedicarse a tiempo completo a la defensa y al apoyo de las víctimas y de los grupos vulnerables, sin que tengan que pagar por estos servicios;

Esta labor de promoción se ha traducido en resultados concretos en los registros judiciales llevados a cabo por varios abogados del CAJAR por ejemplo: las condenas contra los autores de violaciones graves a los derechos humanos (incluidos los miembros de la policía), la concesión (por orden judicial o los organismos internacionales) las medidas de protección para las personas en situación de riesgo y el reconocimiento por los tribunales de la naturaleza organizada y sistemática de las violaciones de derechos de personas o grupos humanos que se consideran opositores al régimen;

La formación de cientos de abogados, miembros de la sociedad civil y representantes de los grupos vulnerables en temas como la implementación en Colombia de las normas del derecho internacional aplicables al respeto del ejercicio de la abogacía, a la organización de abogados profesionales, a los derechos internacionales de los derechos humanos, al derecho penal internacional y al derecho indígena en comparación (incluyendo el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa en el contexto de la implementación de proyectos de desarrollo económico);

Contribución al respeto de las normas de un juicio justo mediante la observación del proceso, incluyendo el de los siete soldados acusados de asesinar a un líder de los indígenas nasa personas (Cauca). El veredicto en contra de los acusados se conoció el 11 de junio 2010, y seis de los siete acusados fueron condenados. Su sentencia fue fijada en 40 años de prisión;

La redacción y presentación de los argumentos jurídicos en el derecho internacional y comparado de la Corte Suprema de Colombia (amicus curiae), en particular durante el juicio de Jorge Noguera, ex director del servicio de inteligencia. Organización de misiones internacionales de observación de la conducta de la profesión jurídica;

Reportes sobre las violaciones a la independencia judicial y la persecución de la cual son sujetos los abogados de derechos humanos, incluidas las comunicaciones a la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados;

Creación de un comité de voluntarios canadienses de apoyo a los programas y a la formación en Colombia.
 

Aliados estratégicos

El principal aliado del proyecto es el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR), una de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos más famosas de Colombia.

Otro de los aliados es la Asociación Colombiana de Abogados Defensores "Eduardo Umaña Mendoza" (ACADEUM), una red de solidaridad y de comunicación mutua entre los abogados defensores de derechos humanos, y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la mayor federación de los pueblos indígenas en Colombia.

El proyecto es posible gracias al apoyo financiero del Grupo de Trabajo sobre la Estabilización y la Reconstrucción (GTSR por sus siglas en francés) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (MAECI) de Canadá.
 

Chef de mission
Carlota Valverde
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