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ASFC acoge con satisfacción la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que declara inexequible la reforma constitucional sobre el fuero militar.

  • 4 de noviembre de 2013

    En sentencia de 5 votos contra 4, la Corte Constitucional decidió sobre el control de constitucionalidad solicitado por varias organizaciones de la sociedad civil. El fallo concluyó que la reforma del sistema de justicia penal militar es contraria a la Constitución de 1991, y por lo tanto inaplicable. El Acto Legislativo 02 había sido presentado el 27 de diciembre 2012, tras la firma del Ministro de Defensa de Colombia y contenía una propuesta formal de enmienda constitucional que fue discutida en el Congreso, con el fin de excluir los delitos cometidos por los miembros de la fuerzas armadas y de la policía de la investigación por parte de la justicia penal ordinaria.

    Esta decisión, que tiene el efecto directo de invalidar la Ley estatutaria aprobada por la Cámara de Representantes el 17 de junio, se fundamenta especialmente en razones técnicas. La mayoría la Corte consideró que el procedimiento por el cual se aprobó la reforma estuvo viciado de un error procedimental importante. De hecho, la mayoría de los magistrados de la Corte consideró que en el momento en que se realizaba el quinto debate, la reforma estaba siendo discutida simultáneamente en la Comisión primera y en sesión plenaria de la Cámara de Representantes, una práctica contraria al espíritu y al texto de la Constitución.

    Debido a la naturaleza del vicio por el cual la Corte Constitucional tomo su decisión, no es posible remitir el proyecto al Congreso para que corrija sus errores. Si el gobierno insiste en la reforma, deberá presentar un nuevo proyecto y someterlo a aprobación como cualquier otro proceso de reforma constitucional.

    Sin embargo, en caso de que el gobierno emprender esta vía, sigue siendo posible que el Alto Tribunal Constitucional concluya que la reforma es inconstitucional después de una revisión en cuanto al fondo, un ejercicio aun no ha realizado.

    ASFC recuerda que el gobierno ha justificado esta reforma invocando la necesidad de los militares y de la policía de ser sometidos a una justicia ejercida por profesionales que conozcan su realidad. Aunque en los debates parlamentarios sobre el proyecto, el gobierno había introducido excepciones en cuanto a la competencia de la de la justicia penal militar, la reforma imponía la condición de que la jurisdicción militar fuese el foro natural para tratar cualquier asunto de carácter penal que involucrara a miembros de la fuerza publica.

    ASFC se pronunció en febrero de 2013 sobre la cuestión de la evaluación de la deferencia de la propuesta de reforma de la justicia militar con las normas de derecho internacional aplicables en la materia. En su memoria, ASFC concluyó que el proyecto violaba el derecho al debido proceso y representaba un retroceso histórico, mientras que la legislación nacional e internacional reconocen claramente que la justicia militar debe ser una justicia de excepción, y no puede en ningún caso ser ejercida en referencia a actos atribuidos a miembros de la fuerza publica que no estén directamente relacionados con sus funciones.


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