Entre 1983 y 1985 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala detuvieron, torturaron, desaparecieron o ejecutaron a las víctimas, quienes fueron identificadas y seleccionadas según una política estatal de contrainsurgencia. Los detalles de las operaciones que resultaron en su detención y posterior desaparición fueron registrados por la inteligencia militar en el volumen de documentos conocido como el Diario Militar.
