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Christopher  Campbell-Duruflé
Publié par Christopher Campbell-Duruflé
le 22 mai 2012

Acompañamiento en el Consejo Comunitario de La Nupa (Parte 2)

Recuperación de cultivos tradicionales

También tuve la suerte de visitar un proyecto de huerta colectiva administrada por la señora Lucía Cortés y un grupo de mujeres de La Nupa llamado Agronupa. En un lote donde antiguamente se encontraba un basurero se han sembrado algunas variedades de verduras y especias. El proceso se enfoca en la recuperación del conocimiento y práctica de cultivos tradicionales por miembros de la comunidad. Lo que se busca es desarrollar una mayor autosuficiencia alimentaria y una alimentación más sana para los miembros de la comunidad. En el marco de esta iniciativa se han generado intercambios con las comunidades indígenas awá de la zona, quienes comparten cultivos tradicionales con los afrocolombianos de la región y enfrentan los mismos retos por causa del conflicto armado.

Algunas miembros de la comunidad a dentro de la huerta comunitaria.

Abundancia de derechos

Llama la atención que existe un elevado número de recursos jurídicos que protegen y garantizan los derechos de las comunidades afrocolombianas en Colombia, y especialmente el derecho al territorio. Por ejemplo, la Constitución Política de 1991 reconoce el carácter pluralista del Estado colombiano, protege “la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7) y protege a todos los colombianos de toda forma de discriminación (arts. 13 y 70). El Auto 005 de 2009 es también una herramienta importante para la protección de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Interpretando la Constitución, la Corte Constitucional reconoció el impacto desmesurado que tiene el conflicto armado en este grupo de población especialmente vulnerable y ordenó que se desarrollen planes de prevención, protección y atención integral con enfoque diferencial. El objetivo final es la garantía de su integridad cultural y territorial. La Corte Constitucional recordó que “las comunidades afrocolombianas son titulares de derechos constitucionales fundamentales a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, al uso, conservación y administración de sus recursos naturales, y a la realización de la consulta previa en caso de medidas que les afecten directa y específicamente” (párr. 21).

Por su parte, el Código Penal Colombiano contiene normas tendientes a proteger los derechos de las personas y prevenir situaciones de amenaza y hostigamiento. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras tiene como objetivo principal la restitución de las tierras despojadas o abandonadas por causa del conflicto, así como la atención integral a víctimas. Finalmente, la Ley 70 de 1993 reconoce los derechos colectivos de las comunidades afrocolombianas al territorio, a la identidad cultural y al desarrollo económico y social (art. 1), protege sus “prácticas tradicionales” (art. 19) y garantiza el derecho a la etnoeducación (art. 32).

Además, dichas leyes tiene respaldo en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (“Convenio 169”), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“PIDESC”), los cuales garantizan en su artículo 1 común el derecho de los pueblos a la “libre determinación”. Además, el artículo 26 del PIDESC protege el derecho de las minorías a “tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”, derechos que actualmente los habitantes de La Nupa no pueden ejercer por no tener acceso a su territorio y estar viviendo en condiciones de pobreza.

Finalmente, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado entre otros en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del pueblo Saramaka Vs. Surinam, garantiza la titulación de tierras colectivas de los pueblos afrodescendientes, el retorno de dichas tierras cuando estén expropiadas y la supervivencia de dichas comunidades como pueblos minoritarios. Dicho fallo refleja lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 21) y el Convenio 169 (artículo 14), los cuales afirman que los pueblos afrodescendientes tiene el derecho de propiedad sobre las tierras que ocupan ancestralmente. Cabe destacar finalmente que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que según ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica también para los pueblos afrodescendientes, reconoce numerosos derechos colectivos incluyendo la integridad cultural y el derecho al territorio (artículo 26).

Conclusión

En conclusión, notamos que el Consejo Comunitario de La Nupa y las veredas vecinas enfrentan muchas dificultades, pero también tienen una multiplicidad de recursos jurídicos para exigir la protección de sus derechos. El problema es que el contexto concreto de los habitantes de La Nupa (falta de recursos económicos, desconocimiento de sus derechos, difíciles condiciones de seguridad, debilidad del proceso colectivo, etc.) no ha permitido que dichos recursos sean utilizados. A nivel teórico, eso constituye un llamado urgente para que convenios, constituciones y leyes, los cuales pretenden garantizar derechos fundamentales, no simplemente sean ratificados y adoptados, sino que también se garanticen sus condiciones de aplicabilidad, exigibilidad y accesibilidad. A nivel práctico, implica que se establezcan y garanticen las condiciones materiales necesarias para que los derechos fundamentales de los habitantes de le región de La Nupa sean respetados. Esto permitirá que dichos convenios, constituciones y leyes cumplan con su propósito y, si dichas comunidades todavía lo consideran relevante, puedan reanudar el proyecto soñado en 1994 de conformar el Consejo Comunitario de La Nupa.
 

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