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Dominic Voisard
Publié par Dominic Voisard
le 30 janvier 2013

Momento histórico en Guatemala: se da la apertura a juicio en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez

 

El lunes pasado, en la tarde, se dictó una resolución histórica en Guatemala, en el marco de la justicia transicional. El juez “B” del juzgado de Mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez abrió a juicio en contra del ex presidente General José Efraín Ríos Montt y el ex jefe de la Dirección de Inteligencia General José Mauricio Rodríguez Sánchez. Ambos habían sido ligados a proceso por el crimen de genocidio y crímenes contra los deberes de humanidad. El juez en su resolución oral consideró que el fiscal del Ministerio Público, Orlando López, logró “establecer que existen fundamentos serios para someter a juicio oral y público por la supuesta probabilidad de sus participaciones en los delitos que se les imputa”.


Los ex-militares son acusados de haber participado como autores intelectuales a la planificación de operaciones militares que tenían como objetivo militar la destrucción, al menos parcial, del grupo maya-ixil al considerarlo base de apoyo de la guerrilla. La implementación de esa campaña militar dio muerte entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto 1983 a 1770 personas y forzó 29 000 otros a vivir en condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial.


Los alcances jurídicos


Para dictar su resolución oral, el juez Miguel Ángel Gálvez se fundamentó en varios elementos de hechos y de derechos que cabe resaltar. Para el juez Gálvez, la ley constitutiva del ejercitó en vigor en el tiempo de las masacres establecía los principios de jerárquica, disciplina, mando y verticalidad de la institución castrense que son de extrema importancia al analizar delitos cometidos por entidades como el Ejército.


Al hacer comentarios sobre el crimen de genocidio, el magistrado consideró que existe una diferencia entre la intención de destruir un grupo protegido y el motivo del crimen. En otras palabras, no se tiene que probar que el alto mando militar tenía la intención de eliminar al grupo maya-ixil por ser maya-ixil; sino que, otros motivos, como por ejemplo el motivo militar de destruir al grupo por considerarlo base de apoyo de la guerrilla, es suficiente. Para sustentar su argumento el juez mencionó la decisión Karadzic y Mladic del Tribunal internacional para la ex Yugoslavia (IT-95-5-R61/IT-95-18-R61) así como el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico –CEH-.


Se razonó asimismo que el delito contra los deberes de la humanidad era una “ley penal en blanco” integrado en el código penal guatemalteco en 1973 y que refería implícitamente a los cuatro convenios de ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales así como al crimen de lesa humanidad que ya existía desde la creación de tribunal militar de Núremberg en 1945. Según el juez Gálvez, esta “ley penal en blanco” no viola el principio de legalidad siendo que esos crímenes de transcendencia internacional tienen preeminencia sobre el derecho interno según el artículo 46 de la constitución política de la república de Guatemala.


En su último considerando, el juez Gálvez comentó con el objetivo de aclarecer el artículo 36 del código penal guatemalteco que trata de la autoría. Para él, el inciso uno haría referencia a la autoría inmediata es decir a los autores materiales que ejecutan los hechos. En cuanto al inciso dos, que menciona “quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo”, comprendería la autoría mediata es decir a los autores intelectuales quienes a través del aparato de poder tienen el dominio sobre el delito. Finalmente, el inciso tres comprendería las otras formas de participación al delito que son suficientemente importantes para entrar en la autoría principal del crimen.


La argumentación que llevó a la resolución es un paso muy importante en Guatemala. Pocos jueces de derecho penal se atreven a fundamentar sus resoluciones con el derecho internacional puesto que la mayoría no dominan esta materia. Por lo tanto, esta resolución constituye el primer paso en construcción de la jurisprudencia guatemalteca sobre el delito de genocidio y una de las primeras sobre el delito contra los deberes de humanidad.


Las victimas celebran la apertura a juicio


Desde hace un año, los coacusados a través de sus abogados defensores han usado varios medios procesales para retrasar y entorpecer la justicia; como por ejemplo acudiendo a la Ley de Reconciliación Nacional; aun cuando existe un artículo explicito que niega la amnistía en casos de genocidio.


En este contexto, las víctimas del Conflicto Armado Interno en la región Ixil así como los integrantes de organizaciones de Derechos Humanos presentes en la Sala de audiencia aplaudieron la decisión del juez Gálvez. Mientras tanto, afuera de la torre de tribunales, organizaciones sociales y familiares de víctimas celebraban su alegría con cohetillos y vitoreando la decisión. Para muchos ciudadanos este paso histórico permitirá dar vuelta a la página del Conflicto Armado Interno y seguir adelante. Otros lo vean como un primer paso para acabar con la impunidad que gobierna el país desde muchos años atrás.


El lunes pasado el juez “B” de mayor riesgo programó la audiencia de ofrecimiento de prueba para el jueves 31 de enero. Esta etapa del proceso, cuyo objetivo es discutir de la admisibilidad de la prueba, pudiera durar una a dos semanas. Después, el juez dictará una fecha de inicio de debate y trasladará el expediente a un tribunal compuesto de tres jueces que deberán pronunciarse sobre la culpabilidad o no de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez.
 

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