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3er día del Juicio a Jorge Vinicio Sosa Orantes en California : tres testigos adicionales de la Fiscalía

Después del almuerzo, la juez dio instrucciones al jurado sobre los elementos y las causales de exoneración de responsabilidad en los casos de asesinato bajo la ley guatemalteca. [Este análisis de la legislación guatemalteca es importante para determinar si Jorge Vinicio Sosa Orantes había cometido un crimen en Guatemala, del cual estaba obligado a informar a los funcionarios estadounidenses.]

El asesinato ha sido un delito en Guatemala desde hace más de 100 años. Para ser declarado culpable de asesinato, se requieren varios elementos. Algunos incluyen que la muerte haya sido deliberadamente planeada, que se haya cometido por el disfrute o causado dolor, que suponga una crueldad perversa, o que se haya cometido para ocultar un crimen. Hay causales de exoneración del crimen de asesinato como el estado de necesidad, el miedo incontrolable o el cumplimiento de las ordenes de un superior, siempre y cuando la orden no sea ilegal. La defensa propia puede ser alegada si el acusado ( 1 ) actuó en defensa propia o de otra persona, (2 ) actuó en respuesta a una agresión ilegítima; ( 3 ) los medios utilizados no fueron innecesarios o poco razonables, y ( 4 ) no es el agresor. Según la legislación guatemalteca, los militares no tienen derecho a la amnistía, es decir, a la eliminación de las consecuencias penales.

Peritaje de Alexander Aizenstadt
El gobierno llamó al estrado a su siguiente testigo, Alexander Aizenstadt. La fiscal hizo inicialmente varias preguntas con respecto a los antecedentes del señor Aizenstadt, sus credenciales e historial de su práctica. El Sr. Aizenstadt es profesor de derecho internacional en Guatemala y ha impartido cursos relacionados con la Corte Penal Internacional. Él ha enseñando desde 2008 y también ha dictado cursos sobre la amnistía y los derechos humanos. Recibió su título de abogado en Guatemala, tiene licencia para ejercer como abogado, y estudia la intersección entre el derecho internacional y el derecho penal. El Sr. Aizenstadt también ha ejercido como abogado en Guatemala. Ha litigado casos de derecho constitucional, la definición constitucional del genocidio, la definición constitucional de la tortura y los derechos de los pueblos indígenas en virtud de la legislación sobre derechos humanos. El Sr. Aizenstadt nunca antes había testificado como experto.
Luego, la fiscal presentó al Sr. Aizenstadt una serie de situaciones hipotéticas para demostrar la aplicación de la legislación de Guatemala en casos de asesinato. La primera hipótesis fue que un adulto se acerca a un niño en la calle y lo mata intencionalmente. El Sr. Aizenstadt afirmó que en general esto sería un asesinato según la ley guatemalteca, pues tal acción podría ser considerada como un "acto cobarde" porque un niño es una víctima vulnerable. La siguiente hipótesis supone que A malverse dinero, B se entere y A mate a B para evitar que este último divulgue su delito. El Sr. Aizenstadt confirmó que este hecho puede ser calificado como asesinato, ya que se trata de un delito cometido para tratar de ocultar otro delito. En la tercera hipótesis, un adulto va hacia donde otro adulto y lo decapita. El Sr. Aizenstadt confirmó que esta hipótesis puede calificarse de asesinato porque la decapitación se considera un acto de brutalidad perversa .
Entonces la fiscal continuó con algunas hipótesis sobre la legítima defensa. Ella contempló varias causales de exoneración permitidas por la legislación guatemalteca: el estado de necesidad, el miedo incontrolable, y la orden de un superior. La fiscal comenzó con tres hipótesis generales y luego pidió el análisis del Sr. Aizenstadt. Bajo la hipótesis 1 , A va hacia B con una pistola y B le dispara. Esta es la autodefensa. En la hipótesis 2 , A va hacia B con una pistola y B le dispara a otras personas. Esta no es legítima defensa ya que no se detiene la agresión y no está dirigida contra la persona causante de dicha agresión. En la hipótesis 3, A apunta con un arma a B y B en respuesta también le apunta con una pistola, A dispara. Esto no es defensa propia porque es A quien ha provocado la situación.
La fiscal se trasladó al estado de necesidad. Según el Sr. Aizenstadt, en el ejército de Guatemala, existe una obligación de enfrentar el peligro y sacrificarse. Si un miembro del ejército mata a 50 personas con el fin de salvar a 5, esta acción no es considerada como estado de necesidad, porque el acto no es proporcional al peligro. La exoneración por miedo incontrolable requiere que exista un temor de un daño inminente y cierto. Esto significa que el daño se producirá inmediatamente o en algún momento en el futuro próximo y que no puede ser evitado. Por ejemplo, si alguien mata a 50 personas pero podía haber huido o haberse escondido y no lo hizo, su acción no estaría incluida en la causal de miedo incontrolable debido a que la intervención realizada es mayor que el daño temido, lo que está a la vez en relación con la exigencia de proporcionalidad del medio de defensa. El miedo debe provenir de una acción igual o mayor que la acción realizada en respuesta. La fiscal pasó a las cuestiones relacionadas con la causal de exoneración relacionada con la orden de un superior. El Sr. Aizenstadt dijo que si un militar de alto rango da una orden que no está autorizado a dar, no se puede invocar la defensa. Un ejemplo de una orden manifiestamente ilegal sería una orden de tortura.
En el contrainterrogatorio, la defensa hizo al Sr. Aizenstadt algunas preguntas sobre sus antecedentes y credenciales. La defensa confirmó que el Sr. Aizenstadt se reunió con la Oficina del Fiscal de EE.UU. cerca de tres veces en preparación para su testimonio. La defensa preguntó si el Sr. Aizenstadt alguna vez ejerció como abogado en un tribunal militar o si representó a alguien en el ejército. El Sr. Aizenstadt respondió que no lo había hecho. El Sr. Aizenstadt confirmó que ha trabajado con los miembros de las fuerzas armadas en relación con el código penal o el código militar sólo en el ámbito académico o social.
La defensa preguntó si alguien podría llevar este caso a un tribunal de justicia en Guatemala. El Sr. Aizenstadt dijo que alguien podría probablemente llevar este caso ante un tribunal penal, pero dijo no estar seguro de si este caso podría ser llevado ante un tribunal militar. La defensa argumentó que el Sr. Aizenstadt nunca ha aplicado la legislación guatemalteca a través del litigio. Sr. Aizenstadt no estuvo de acuerdo. Aunque admitió que él nunca ha litigado, dijo que ha estudiado la legislación de Guatemala en un contexto que tiene en cuenta lo que sucede en el campo.
El abogado defensor también postuló una lista de hipótesis. Preguntó si la defensa propia se aplicaría si A apunta con un arma en B y B dispara a 25 personas. El Sr. Aizenstadt declaró que no existe una fórmula exacta acerca de cuándo se aplicaría la defensa propia ya que dependerá de las circunstancias y se hace más difícil de determinar cuando los números son más bajos. Con respecto a la orden de un superior, la defensa preguntó cómo se puede determinar si la orden es manifiestamente ilegal. El Sr. Aizenstadt respondió que no se trata de un criterio objetivo sino de un criterio general que tiene en cuenta las circunstancias particulares. El Sr. Aizenstadt estuvo de acuerdo en que, en determinadas circunstancias, diferentes personas pueden tener diferentes puntos de vista sobre lo que es claramente ilegal. La defensa preguntó si sería ilegal pedir a un piloto bombardear una aldea para desmoralizar a la otra parte. El Sr. Aizenstadt confirmó que sería ilegal en virtud del derecho guatemalteco y del derecho internacional. Si a un piloto se le ordena bombardear una ciudad en la que hay miles de civiles y solo 500 objetivos militares, esto sería contrario al derecho internacional. En virtud del principio de distinción, existe un deber de distinguir entre civiles y miembros de las fuerzas armadas. A la vez se violaría el principio de proporcionalidad a pesar de la existencia de un objetivo militar.
Por último , el abogado defensor le preguntó si los abogados están presentes durante los combates con el ejército guatemalteco. El Sr. Aizenstadt respondió que él no cree que estén presentes .
Testimonio de María Ortiz
Entonces, el gobierno llamó a su siguiente testigo, María Ortiz, segunda ex esposa del señor Jorge Vinicio Sosa Orantes. Según la señora Ortiz, se casaron en junio de 2007 y se divorciaron en agosto de 2011. Se conocieron en los Estados Unidos. Antes de su matrimonio, el Sr. Sosa Orantes le dijo que él no era un ciudadano de los EE.UU. Cuando se conocieron, ella era ciudadana de los EE.UU. El le contó en donde había nacido y cuánto tiempo vivió en Guatemala. Ella también sabía que él estuvo en el ejército. También le dijo cómo llegó a los Estados Unidos y como terminó en Canadá. Ella también sabía de su matrimonio anterior. Su ex esposa había conocido a todos en su familia. La señora Ortiz dijo que el Sr. Sosa Orantes trabajó como instructor de karate en varios lugares.
La fiscal pidió a la señora Ortiz identificar la escritura del Sr. Sosa Orantes en sus solicitudes de ciudadanía. Ella dijo que no le ayudó a completar su solicitud de ciudadanía. Mientras estuvieron casados, viajaron juntos al extranjero en varias ocasiones, pero nunca a Guatemala. Ella estaba presente cuando la policía ejecutó una orden de allanamiento en su casa el 4 de mayo de 2010. Después de la orden de registro, ella buscó el nombre Jorge Vinicio Sosa Orantes en Internet y se enteró de la masacre de Las Dos Erres. Se fue de la casa después de descubrir esta información. La última vez que lo vio fue junio de 2010. Más tarde se descubrió que el había salido de la ciudad, dejando su auto, su casa, sus pertenencias personales y su anillo de boda. Él no la volvió a contactar. Posteriormente, ella pidió el divorcio.
En el contrainterrogatorio, la señora Ortiz confirmó que fue citada a declarar en el juicio. Ella habló cerca de 3 veces con la Oficina del Fiscal de EE.UU. La defensa le preguntó si ella había echado al Sr. Sosa Orantes de la casa. Ella dijo que no, pero estaba molesta por la situación y algo asustada. Sin embargo, no tenía miedo de que algo le fuera a pasar a su propio estatus migratorio.
En un nuevo interrogatorio, la fiscal confirmó que el Sr. Sosa Orantes tiene familiares en Canadá y en California que la Sra. Ortiz conoce. Él tiene dos hermanos en California. La primera ex - esposa del señor Sosa Orantes y sus dos hijos viven en Texas. La señora Ortiz sabía que el padre de Sosa Orantes estuvo enfermo durante su matrimonio. El Sr. Sosa Orantes había viajado a Canadá para visitarlo. Su padre ya había fallecido. Cuando la señora Ortiz se fue de la casa, no había aún pensado en el divorcio. Ella sólo pensó en el divorcio al descubrir que Jorge Vinicio Sosa Orantes había salido de la ciudad .
Testimonio del Agente Especial Ober
El siguiente testigo del gobierno fue el agente especial Ober, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Sr. Ober dijo que ha sido agente especial desde agosto de 2003. El investiga las violaciones a las leyes de inmigración y control de aduanas en los Estados Unidos, incluyendo el fraude de naturalización. Fue asignado al caso del acusado. El 4 de mayo de 2010, hizo cumplir una orden de registro emitida por un juez de primera instancia. Fue autorizado para ver algunos elementos incluido, "cualquier documento que refleje el servicio del Sr. Sosa Orantes en el ejército de Guatemala desde 1976 hasta 1985 ". Encontró varias fotografías del señor Sosa Orantes y otros individuos con uniformes militares durante su servicio. Se incautaron un total de 67 fotos. El Sr. Sosa Orantes también tuvo que entregar su pasaporte durante la búsqueda.
Las fotos fueron admitidas como evidencia. En una foto, llevaba puesta una camisa de instructor de los Kaibiles. Otra foto lo mostraba a él con un uniforme militar y con un sombrero de los Kaibiles. El fiscal también presentó otros documentos obtenidos por el Sr. Ober de Guatemala, mostrándolo en la finalización de los cursos para convertirse en un oficial del ejército. La fiscal presentó también mensajes de correo electrónico que habían sido citados. Estos incluyen mensajes de correo electrónico en los que se menciona el apodo militar del Sr. Sosa Orantes, “Yamabushi”, o relacionados con su promoción en el ejército. El Sr. Ober identificó 21 correos electrónicos con este tipo de información, 8 de ellos fueron admitidos como evidencia. El Sr. Ober confirmó que la mayoría de los correos electrónicos se habían escrito a miembros actuales y anteriores del ejército guatemalteco, para felicitarlos por sus promociones dentro del ejército. El Sr Jorge Vinicio Sosa Orantes a menudo firmaba estos mensajes como "Yamabushi 3417" o "Jorge Sosa Orantes 3417". La fiscal también presentó documentos obtenidos por el Sr. Ober a través del sistema TECH, que mantiene registros de la cantidad de veces que una persona ha cruzado la frontera. El sistema mostró aproximadamente 34 viajes internacionales.
El Sr. Ober supo al visitar el lugar de trabajo del Sr. Sosa Orantes en junio de 2010, que este había abandonado su trabajo. La investigación se convirtió entonces en una búsqueda del acusado. Finalmente, el Sr. Sosa Orantes fue acusado por un gran jurado el 1 de septiembre de 2010 y una orden de arresto fue emitida por la Corte federal.


 

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