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En camino hacia la justicia en el caso del Diario Militar

Entre los años 1960 y 1996 tuvo lugar un Conflicto Armado Interno en Guatemala, durante el cual la desaparición forzada de personas constituyó una práctica del Estado, llevada a cabo principalmente por agentes de sus fuerzas de seguridad, por la cúal se capturaba a miembros de movimientos insurgentes o personas identificadas como proclives a la insurgencia. El número de víctimas del Conflicto Armado Interno se evalúa a cerca de 200 000 personas.

En 1999, se hizo público el Diario Militar, un listado de 183 personas con sus datos personales, afiliación a organizaciones, actividades y acciones perpetradas contra dichas personas por el Ejército de Guatemala (detenciones secretas, secuestros, asesinatos). Los hechos registrados en este documento ocurrieron entre agosto 1983 y marzo 1985, en el marco del Conflicto Armado Interno. Hasta hoy, se desconoce el paradero de la gran mayoría de las víctimas. Por lo tanto, sus familiares, a pesar de sus continuos esfuerzos por conocer la verdad, siguen viviendo con la desesperación y el sentimiento de impotencia que trae el hecho de no conocer el paradero de sus seres queridos.

En 2005, frente al estancamiento de las investigaciones y de los procesos a nivel nacional, la Fundación Myrna Mack, uno de los aliados de Abogados sin Fronteras Canadá en Guatemala1, llevó el caso de 26 de las 183 víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) c. Guatemala.

El 20 de noviembre del 2012, después de siete años de proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un paso importante se dió hacia la justicia, tanto para las víctimas como para sus familiares. De hecho, después de años buscándo una respuesta a sus preguntas sobre el destino de sus seres queridos, y luchando por la justicia y contra la impuidad, la Corte emitió una sentencia llena de esperanza para ellos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó a la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por las desapariciones forzadas de 26 víctimas registradas en el Diario Militar así como por las violaciones a los derechos humanos que se comitieron en el marco de dichas desapariciones2.

Pero los familiares de las víctimas se dieron cuenta rápidamente que la lucha no estaba terminada. Efectivamente, se efrentaron a los límites de la Corte y de sus decisiones, y a un Estado que rechaza la competencia de la Corte en este caso y la validez de la decisión en su contra y que, por lo tanto, no da los pasos necesarios para el cumplimiento de la sentencia. De hecho, apenas dos meses después de la notificación de la sentencia a las diferentes partes, el Estado de Guatemala hizo llegar a la Corte un escrito titulado Pronunciamiento del Estado de Guatemala contra la Sentencia del Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala.

Tal como lo deja adivinar el título, el documento presenta los motivos de rechazo de la sentencia de parte del Estado de Guatemala. Se alega principalmente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “carece de la competencia para conocer de casos cuyo principio de ejecución se haya materializado antes del 9 de marzo de 1987”, fecha de la aceptación de la competencia contensiosa de la Corte por el Estado de Guatemala, debido a la reserva que éste presentó al momento de aceptar dicha competencia. Este argumento del Estado guatemalteco hace caso omiso al efecto jurídico de su allanamiento en el caso del Diario Militar, en el cual aceptó su responsabilidad internacional por las violaciones relacionadas con las 26 desapariciones forzadas3. El Estado de Guatemala, al rechazar la competencia de la Corte para conocer de casos de desapariciones forzadas que tuvieron lugar antes del 9 de marzo de 1987, también hace caso omiso de la jurisprudencia desarrollada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1988 con respecto al carácter permanente o continuado de la desaparición forzada de personas. De hecho, la Corte mencionó en varias oportunidades que la desaparición forzada permanece hasta que se conozca el paradero de la persona desaparecida y se determine con certeza su identidad. En el caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, se identificaron los restos de Amancio Samuel Villatoro y Sergio Saúl Linares Morales en noviembre de 2011, es decir más de 24 años después de la entrada en vigencia de la competencia contenciosa de la Corte. Además, no han cesado las desapariciones forzadas de las otras 24 otras víctimas, puesto que hasta la fecha se desconoce el paradero de las mismas4. Por lo tanto, el argumento del Estado carece de fundamento jurídico y lógico.

Por otro lado, el Estado de Guatamala alega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no debe de entrar a conocer de materia penal, puesto que los delitos son imputables a personas individuales y no al Estado. A esto se agrega el argumento según el cual el delito de desaparición forzada se refiere a una conducta, la cual solo puede realizarse por personas humanas, imposibilitando que se condene a un Estado por la conducta de un individuo. Esta posición del Estado de Guatemala evidencia un desconocimiento profundo del concepto de responsabilidad estatal internacional y del papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o una actitud impregnada de mala fe.

Por su parte, la Fundación Myrna Mack, además de solicitar a la Corte Interamericana una interpretación de algunos aspectos de la sentencia, pidió a este Tribunal que analice la postura y la argumentación del Estado de Guatemala y que aclare de una vez el alcance de su jurisdicción y la obligatoriedad de sus sentencias. A la hora de escribir este artículo, no se había recibido ninguna respuesta de parte de la Corte con respecto a estas solicitudes.

No obstante lo anterior, parece que durante los treinta años que pasaron sin que se alcance una plena justicia y sin que se haya conocido el destino exacto de sus familiares, se desarrolló en cada uno de los familiares de las víctimas una paciencia, una tenacidad, una fuerza y una determinación sin límites. Resulta impresionante ver el tiempo y los esfuerzos que siguen inviertiendo a pesar de los años y de los obstáculos. La sentencia del 20 de noviembre del 2012 en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) c. Guatemala constituye una primera victoria para ellos en la lucha contra la impunidad y por la justicia. Queda mucho trabajo por hacer para que se cumpla la sentencia pero también queda claro que no se abandonará la lucha por ello.
 

 

1. Ver la página Internet de la Fundación para obtener más información:  http://www.myrnamack.org.gt/

2. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) c. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, Serie C No 253.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_253_esp1.pdf

3. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) c. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, Serie C No 253 , párr. 30-32.

4. Ibíd., párr. 191-196.

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