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#AEP16 Colombia: El fin del conflicto armado y la lucha contra la impunidad en el posacuerdo


En el  marco de la Asamblea anual de Estados parte del Estatuto de Roma (ER) de la Corte Penal Internacional (CPI), Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), junto con el Centro regional de derechos humanos y justicia de género Colombia (HUMANAS) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el 12 de diciembre convocaron a un encuentro, denominado “Los desafíos del proceso de paz en Colombia: Garantías de los derechos de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

 

Andriana Benjumea, Directora de Humanas y Philippe Tremblay, Asesor jurídico principal Abogados sin fronteras Canadá  © Photo : Maxime Mariage

 

El evento se realizó en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de New York y asistieron alrededor de 40 personas, entre delegados y delegadas de distintos gobiernos y representantes de  organizaciones no gubernamentales. Los participantes manifestaron inquietudes respecto a la participación efectiva de las víctimas en el proceso de paz, las penas alternativas a la cárcel, el papel de la Corte Penal Internacional, entre otras preocupaciones. 


Los derechos de las víctimas en el posconflicto


Existió un consenso entre los panelistas sobre que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un escenario propicio para el cumplimiento de los derechos de las víctimas, en especial para el procesamiento de crímenes de violencia sexual. No obstante una de las principales preocupaciones se relacionó con la impunidad en que puedan quedar algunos delitos cometidos por los individuos, que sin ser combatientes, han perpetrado delitos graves, como los alcaldes, empresarios, gamonales, políticos, jueces, fiscales, notarios, registradores de instrumentos públicos. Según la CCJ la lista de estos actores pueden ascender a 15 mil personas involucradas.

La preocupación se fundamenta en la decisión de la Corte Constitucional de excluir de la competencia de la JEP para hacer comparecer a estos terceros a los juicios, salvo si quieren voluntariamente someterse a la justicia transicional. Para los ponentes la exclusión de estos actores desnaturaliza el sentido de la fórmula que el acuerdo de paz había encontrado para lograr un equilibrio entre la justicia y la paz en Colombia.

 

  Andrés Felipe Pena, Asesor jurídico Colombia, Abogados sin fronteras Canadá y Gustavo Gallón, Director Comisión Colombiana de Juristas.

 

Otro aspecto de preocupación tiene que ver con la tendencia a impedir la aplicación del artículo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad del jefe militar y la de amnistiar crímenes de guerra que no hayan sido cometidos de manera sistemática, así como la inquietud sobre el componente restrictivo a la libertad de las penas alternativas a las cárcel. Al respeto se recomendó a los magistrados de la JEP una interpretación adecuada conforme con el derecho internacional para evitar la impunidad.


¿Cuál es el rol de la Corte Penal Internacional?


A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (OF-CPI) se le recomendó mantener la apertura del examen preliminar para monitorear los desarrollos de la justicia transicional y su implementación con el fin de asegurar la existencia de procesos genuinos por los delitos más graves y contra los máximos responsables. 

En particular, se mencionó  que mantener la apertura del examen preliminar permitirá potenciar a las autoridades nacionales y que es relevante enfocarse en las responsabilidades de terceros civiles y agentes del estado que no sean competencia de la JEP para evitar la impunidad.

 

© Photo : Maxime Mariage

 

Además para ASFC, en virtud del principio de complementariedad, la Corte Penal Internacional tiene un rol relevante en asegurar la cohesión e integralidad del sistema de justicia transicional,  pactado en el Acuerdo de paz. Así, la posibilidad de que la OF-CPI de inicio a una investigación debe servir de incentivo para que civiles y agentes de estado decida acceder a la solución planteada por la JEP.

También es relevante que la OF-CPI identifique responsabilidades individuales y adelante un análisis cualitativo de la calidad de las investigaciones y lo juicios, a través de una interpretación complementaria e integral de los derechos humanos, aplicando, por ejemplo, los estándares desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos sobre el acceso a un recurso efectivo. En caso de identificarse que no se adelantan procesos penales genuinos se debe dar inicio a una investigación formal.