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Juicio de Berta Cáceres: continúan las ratificaciones de documentos e interrogatorios.

 

El miércoles 31 de octubre, la audiencia comenzó con la ratificación de un dictamen de análisis forense de una grabación de video. El video en cuestión proviene de una cámara de vigilancia de una casa en el residencial El Livano, en la ciudad de La Esperanza, residencial donde vivía Berta Cáceres y donde fue asesinada. El video no muestra la casa de la víctima, pero se puede ver la calle principal que lleva al vecindario.

La agente de investigación del Ministerio Público analizó la secuencia entre las 21:00 pm del 2 de marzo de 2016 y las 4:00 am del 3 de marzo de 2016. A solicitud del tribunal, la agente proyectó en la sala las secuencias consideradas más relevantes del video, que muestran los vehículos pasaban por la calle. El video no resultó particularmente concluyente, puesto que no permite distinguir los colores o las marcas de los vehículos.

Sin embargo, alrededor de las 23:38, se puede percibir, gracias a la luz de un automóvil fuera de plano, a tres personas corriendo en la calle. Luego se ve por el movimiento de las luces que el automóvil gira y se dirige al centro de la ciudad. Alrededor de las 2 am, se ve que varios vehículos comienzan a ingresar al vecindario, incluyendo patrullas de la policía.

Por la tarde, prestaron declaración cuatro testigos que hacen parte de la prueba propuesta por los equipos de acusación privada. Dado que las acusaciones privadas han sido excluidas del proceso, el Ministerio Público es responsable de presentar los diferentes elementos de sus pruebas que fueron admitidas en el juicio. Sin embargo, durante el testimonio, se observó que el Ministerio Publico no parecía haber trabajado con las acusaciones privadas ni con las víctimas en la preparación de los interrogatorios.

El fiscal que conducía los interrogatorios no parecía conocer el propósito de los testimonios. La representación de los intereses de las víctimas parecía completamente ignorada durante la conducción del interrogatorio. De hecho, los fiscales del Ministerio Público aún no se han puesto en contacto con las acusaciones privadas o las victimas para asegurarse de que utilizan las pruebas propuestas adecuadamente.

Los dos primeros testigos vivían en el área del proyecto Agua Zarca. Uno de ellos, según el informe GAIPE[1], fue objeto de denuncias por COPINH por tareas que supuestamente realizó para DESA, incluidos varios actos criminales: asesinatos y el incendio de una casa perteneciente a residentes que se opusieron al proyecto Agua Zarca[2].

De acuerdo con los documentos presentados en las audiencias de proposición de pruebas, los abogados de las víctimas esperaban probar a través de estos testimonios la existencia de actividades por parte de empleados y directivos de la empresa DESA orientadas a establecer operativos de vigilancia, seguimiento y ataques contra personas del COPINH y Berta Cáceres, hechos que forman parte del contexto que rodea el asesinato.

La falta de pautas para los interrogatorios del Ministerio Público permitió que los dos testigos compartieran su visión de los hechos y sobre la organización COPINH, expresándose en varias ocasiones en forma difamatoria contra la organización. Según su testimonio, en su comunidad todas las personas habrían estado a favor del proyecto hidroeléctrico y solo se sentía la oposición al mismo cuando el COPINH se hacía presente. Afirmaron que Sergio Rodríguez Orellana[3] era amable con todos y siempre era bien recibido por la comunidad cuando venía a negociar con ellos. Además, dijeron que COPINH llegaba a sus comunidades para usurpar sus tierras, que eran violentos y que sus integrantes habían sido responsables de los robos, destrucción e incendio de las instalaciones.  

El tercer testigo de la fiscalía fue un miembro de COPINH, que había colaborado como  informante con uno de los acusados, Sergio Rodríguez Orellana. El testigo declaró que el acusado le había pedido que le informara cuándo Berta y COPINH llegaban al área del proyecto y cuando tenían reuniones porque temía por su seguridad. El testigo habría aceptado ser su infórmate a cambio de la promesa de un empleo como guardia de seguridad cuando el proyecto estuviera en marcha, trabajo que no obtuvo, según él, porque el COPINH no los dejó trabajar.

El cuarto testigo de la fiscalía era un ex oficial de policía que, al momento del asesinato, trabajaba en el área del proyecto y que a menudo era asignado cuando había protestas contra el proyecto Agua Zarca. La fiscalía no logró recabar informaciones particularmente significativas en este testimonio sobre la realidad de las protestas de COPINH, aunque de acuerdo a lo testificado ningún acto de violencia sería atribuible al COPINH.

Después de los cuatro testigos propuestos por la acusación privada, cuatro personas vinieron a ratificar documentos relacionados con allanamientos en casas de los acusados y una en las oficinas de la empresa DESA.

 

Audiencia del 1ero de noviembre.

El 1 de noviembre, la audiencia comenzó con la ratificación de documentos relacionados con allanamientos llevados a cabo en casas propiedad de los acusados. Posteriormente, con el fin de acomodar a un testigo de la defensa, el tribunal permitió que el tío del acusado Douglas Geovanny Bustillo[4] declarara en esta jornada. Durante un allanamiento en la residencia del testigo, propiedad de otro sobrino del testigo, fue decomisada una gran suma de dinero. El Ministerio Publico afirmó que este dinero pertenece a Douglas Geovanny Bustillo, pero el testigo lo negó, afirmando que gran parte del dinero incautado proviene de la iglesia de la que él es el tesorero. El testigo también expuso todas las gestiones que ha hecho para recuperar el dinero, pero sin tener éxito.

Posteriormente, uno de los principales investigadores del caso, Jesús Perdomo Chávez, fue a ratificar un informe de investigación de 2016, que entre otras cosas permitió la presentación de los requerimientos fiscales. Las preguntas de los abogados del Ministerio Publico y de los abogados de la defensa permitieron recabar información adicional sobre las relaciones entre los acusados y las técnicas de investigación utilizadas. Explicó cómo el perito Brenda Barahona, quien testificará más adelante en el juicio, ha logrado identificar cinco números de teléfono en la escena del crimen.

Dos números estaban a nombre del acusado Henrry Javier Hernández, un número estaba a nombre del acusado Edilson Duarte Meza, y luego de una investigación pudieron determinar que los otros dos números estaban siendo utilizados por Elvin Rápalo Orellana y Oscar Torres Velásquez. Los investigadores pudieron identificar a los verdaderos usuarios de estos números a través del posicionamiento de antenas telefónicas, vigilancia, entrevistas con testigos, redes sociales y otros métodos.

El perito Brenda Barahona también pudo identificar patrones atípicos de llamadas telefónicas entre Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Geovanny Bustillo, lo que aumentó las sospechas contra estos acusados ​​durante la investigación. Además, los investigadores solicitaron la intervención y la escucha de todas estas líneas telefónicas, lo que permitió conocer más sobre los acusados.

El investigador también mencionó que había recibido información de un cooperante español de COPINH que Berta Cáceres había sido amenazada el 20 de febrero de 2016 por Sergio Rodríguez Orellana, un hecho confirmado por varios miembros de COPINH.

El Ministerio Publico aún tiene varias pruebas que presentar, lo que sugiere que el juicio se extenderá más allá de esta semana.

 

 

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[1] El informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) es un informe de expertos internacionales publicado en noviembre de 2017 que analiza de forma independiente la investigación, el proceso y el expediente del asesinato de Berta Cáceres. Ver: https://www.gaipe.net/

[2] GAIPE, Represa de Violencia El Plan que Asesina tiene Bertha Caceres, noviembre de 2017, p.19.

[3] Gerente social, ambiental y de comunicaciones de la empresa DESA.

[4] Ex soldado de las Fuerzas Armadas de Honduras y jefe de seguridad de la empresa DESA hasta junio de 2015.