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Paso importante hacia la verdad y la justicia para unas víctimas de ejecución extrajudicial en Colombia

14 de agosto de 2018, Ciudad de Bucaramanga, Colombia- ­ Después de 10 años pidiendo que se haga justicia, las madres de Rafael Andrés Plata Sánchez y Carlos Mauricio Nova Vega finalmente obtuvieron una sensación de alivio, mientras que el juez de instrucción profirió sentencia condenando al comandante del pelotón, el mayor Estepa Becerra, junto a un soldado cómplice, por la ejecución extrajudicial de los jóvenes.     

Esta decisión se inscribe dentro de una larga lucha de más de siete años en la cual el representante de víctima del Equipo Jurídico Pueblo, con el respaldo de ASFC, proporcionó un trabajo perseverante en medio de tropiezos jurídicos para hacer valer los derechos fundamentales de las víctimas. A pesar de los sentimientos encontrados debido a la absolución de ocho soldados y a unos puntos de discrepancia sobre la calificación jurídica de los crímenes, podemos concluir que se obtuvo un paso importante hacia la justicia y la verdad.

ASFC sigue el caso de Rafael Plata Sánchez y otros "falsos positivos" desde 2011.

Los hechos en cuestión ocurrieron el 25 de agosto de 2008, cuando los jóvenes Rafael Andrés Plata Sánchez de 18 años de edad, Carlos Mauricio Nova Vega de 20 años de edad y un tercero no identificado, fueron llevados por engaño y con falsas promesas de trabajo del Parque Centenario de Bucaramanga. Los tres fueron trasladados hacia Ocaña, en Norte de Santander, para luego ser llevados hacia la vereda Islitas en el municipio de Hacarí. Una vez allí, fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Infantería No. 15 General Santander y presentados como guerrilleros del grupo Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante una escenificación de combate.

Según la información oficial impartida por el Ejército Nacional, estos acontecimientos se desarrollaron en cumplimiento de la misión táctica “Alcatraz”, la cual pretendía justificar la presencia del Batallón en la región, teniendo como objetivo de encarar y enfrentar presuntos guerrilleros. Esta misión se desarrolló al mando del convicto teniente Estepa Becerra, quien fue ascendido desde ese tiempo al rango de mayor en el Ejército Nacional.

Gracias a su análisis del conjunto de pruebas, y en particular dando credibilidad al testimonio prestado por el reclutador Alexander Carretero que relató con detalles la operación desarrollado por el pelotón, el juez del Juzgado III Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga llevó a condenar a dos responsables. En efecto, fueron declarados culpables los miembros del Ejército Nacional Yefry Danilo Coronel, soldado profesional, y el mayor Daniel Fernando Estepa Becerra, por los delitos de homicidio en persona protegida, es decir de una persona civil protegida por el derecho internacional en contexto de conflicto armado, y de secuestro. Por otro lado, se absolvió a los acusados del delito de concertarse para cometer delitos graves, tal la desaparición forzada y el homicidio.

Seguimiento al caso de Rafael Andrés Plata Sánchez

En este sentido, a pesar del importante avance, unos elementos siguen siendo de divergencia, produciendo un sin sabor a las víctimas. Primero y más importante, la absolución de varios soldados que formaban parte del pelotón responsable de los homicidios. A esto se suma el cambio de la tipificación del delito de desaparición forzada para el de secuestro, además de mantener la calificación del homicidio como parte del contexto armado. Por último, el juez no consideró oportuna la petición del representante de víctima de considerar estos delitos como crimen de lesa humanidad, por el carácter sistémico y generalizado de esta práctica contra la población civil, presuntamente por la falta de prueba del conjunto de los crímenes relacionados.

Efectivamente, este escenario no es un caso aislado en la historia de Colombia. El entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heys, concluyó en su informe publicado el 15 de mayo de 2012, que: “[…] los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han sido responsables de un número considerable de falsos positivos ocurridos en todo el país” y señaló que los casos de Soacha eran solo el ejemplo más conocido de la existencia del fenómeno (párr. 9). Según el Centro de Investigación para la Educación Popular (CINEP), el número de víctimas de falsos positivos asciende a 5.265 entre 2002 y 2010, temporada en la cual se notó una ocurrencia con alarmante frecuencia, mientras que la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEE) indica que el número total reportado en Colombia está en torno a las 6.863 de víctimas.   

El mismo Relator Especial notó en 2012 la situación de “impunidad general” para estos delitos. En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las Naciones Unidas registraban una tasa de impunidad del 95 por ciento en casos de desaparición forzada. En este sentido, la sentencia que se comenta se constituye en un logro importante en la lucha contra la impunidad. No obstante, se exhorta a la Fiscalía a que las investigaciones cumplan con el deber de diligencia debida, para servir a la justicia y encontrar a todos los responsables de estos delitos.

Cabe mencionar que las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales han tenido una postura crítica respecto al tratamiento dado por la justicia colombiana a las ejecuciones extrajudiciales como parte del conflicto armado. Tal tipificación pone en riesgo un tratamiento justo y equitativo para las víctimas, abriendo la puerta al sistema de justicia restaurativa previsto en la Jurisdicción Especial para la Paz, reservado a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Eso, a pesar de que los actos se desarrollan manifiestamente con intención delictivo en un marco alejado a la función constitucional de la Fuerza Pública en contexto de conflicto armado.

Por lo anterior, el Equipo Jurídico Pueblos, como representante de víctima, continuará su incansable tarea de lograr justicia plena y apelará la decisión en los elementos de discrepancias mencionados anteriormente.

Abogados sin Fronteras Canadá reafirma su compromiso en el apoyo a la ardua labor del Equipo Jurídico Pueblos como defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

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Acerca de Abogados sin fronteras Canadá (ASFC):

ASFC es una organización conformada por abogados canadienses e internacionales que promueven la defensa de los derechos de las personas o grupos más vulnerables mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y a la representación legal.

Desde 2003, ASFC participa activamente en la promoción y protección de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad en Colombia. En el marco de su misión en el país, apoya el trabajo de abogadas y abogados defensores de derechos humanos, con el objetivo de lograr el pleno respeto de los derechos de las víctimas y de las personas en situación de vulnerabilidad.

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Acerca del Equipo Jurídico Pueblos (EJP):

La organización Equipo Jurídico Pueblos es una organización que suma sus fuerzas en la defensa del territorio, en la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado y para la libertad de las y los presos políticos. La organización centra sus labores en la región Nororiental del país (Santander, Cesar y Norte de Santander). EJP se vincula a las justas luchas contra la criminalización de la protesta, realiza seguimiento a la situación carcelaria del país, defiende presos políticos, representa judicialmente a víctimas de crímenes de Estado y asesora a las comunidades que defienden el territorio y propugnan por el derecho al ambiente sano.  EJP contribuye al fortalecimiento de procesos organizativos a través de la formación para la transformación social. Igualmente, el EJP teoriza y divulga reflexiones colectivas y contribuye con elaboración de documentos jurídicos que sirven de herramienta a las comunidades para su defensa como pueblo organizado.

Desde 2011, ASFC y EJP articulan sus esfuerzos en la lucha en favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, promoviendo sus derechos a la dignidad, la verdad, la justicia y la garantía de no repetición. ASFC ha acompañado EJP en su representación de familiares de la víctima Rafael Andrés Plata desde la misma fecha.