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Colombia: contexto y desafíos ¿Hacia un nuevo informe intermedio?


El martes 11 de diciembre a la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional tuvo lugar un evento titulado "Colombia: contexto y desafíos ¿Hacia un nuevo informe intermedio?" Este evento fue convocado por la Comisión Colombiana de Juristas, la Alianza Cinco Claves representada por la Corporación Sisma Mujer y la Corporación Humanas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Abogados Sin Fronteras Canadá. Aqui es un resumen de las principales ideas expresadas durante este evento. 


Desde el año 2004 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (FCPI) adelanta un examen preliminar sobre la situación de Colombia, considerando la existencia de crímenes de competencia de la CPI.

En estos 15 años han sido muchas las situaciones que la FCPI ha podido observar y valorar sobre la actuación de las autoridades judiciales en Colombia, siendo oportuna su función complementaria, y ante el actual escenario de justicia transicional que se adelanta, con ocasión del acuerdo para la terminación del conflicto armado interno con las FARC-EP, se genera un contexto novedoso para el desarrollo del examen preliminar que consideramos debe derivar en la clarificación y profundización del estudio sobre la situación de impunidad en el país y la ausencia de garantía de los derechos de las víctimas de crímenes internacionales.

Es este escenario, las organizaciones de la sociedad civil colombiana hemos identificado una serie de desafíos derivados del contexto de justicia transicional, que nos conduce a hacer un llamado especial de atención a la FCPI y que, en nuestra opinión, debería conllevar la expedición de un nuevo informe intermedio, así como a la continuidad del examen preliminar, la publicación de informes anuales sobre la situación del país y a considerar la posibilidad de avanzar hacia la etapa de investigación formal.

Teniendo en cuenta que la justicia penal internacional está constituida como una forma de poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la humanidad, en aquellos eventos en los que los Estados no estén dispuestos a llevar a cabo las investigaciones y enjuiciamientos o no puedan realmente hacerlo, tal y como lo dispone el Estatuto de Roma, los informes de la FCPI sobre Colombia ponen de presente la existencia de precarios avances judiciales contra los responsables, en especial los altos mandos, de crímenes sexuales, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.

La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, la cual tiene a su cargo administrar justicia contra los responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, ha generado un aumento de las expectativas de las víctimas que han enfrentado la impunidad en el país y genera un contexto especial de seguimiento por parte de la FCPI para verificar el cumplimiento de dicha jurisdicción del derecho consuetudinario y el Estatuto de Roma. No obstante, a pesar de lo novedoso del mecanismo de justicia, ya existen elementos de rango constitucional y legal que pueden impedir la operación adecuada de la JEP[1], generando un espacio de posible actuación por parte de la FCPI con el propósito de avanzar en la investigación formal sobre los casos identificados, complementando la labor del Estado y garantizado los derechos de las víctimas.

Por lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil solicitamos a la FCPI continuar con el examen preliminar sobre Colombia, para avanzar hacia la etapa de investigación formal, así como con su actividad de complementariedad positiva en materia de justicia, realizar una visita oficial al país para valorar las situaciones mencionadas en nuestro informe, tener en cuenta la importancia del examen sobre la región, y valorar la posibilidad de emitir un informe intermedio que le permita evaluar el escenario de justicia transicional y delimitar la actuación sobre tres contextos de actuación sugeridos: i) actuación especial en razón de la ausencia de competencia de la JEP; ii) seguimiento particular y complementario sobre la actuación de la JEP; y iii) revisión detallada de las actuaciones y avances de la Fiscalía General de la Nación.

 


[1] Puede verse por ejemplo la posibilidad de renunciar a la persecución penal de crímenes contra la humanidad no cometidos de manera sistemática por las FARC-EP y las fuerzas militares, y el concepto de responsabilidad de mando, las fuentes de derecho aplicables, la suspensión de procesos penales y la imposibilidad de investigar las razones o motivaciones de los crímenes cometidos por los integrantes de las fuerzas militares.