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¿Qué significa la sistematicidad o generalidad en los crímenes de derecho internacional?

En el marco de su misión, Abogados sin fronteras Canadá (en adelante ASFC) ha realizado un análisis riguroso de la aplicación de los principios del derecho penal internacional por parte de las jurisdicciones colombianas. Estos principios fueron concretizados en el Estatuto de Roma (en adelante ER) adoptado en 1998[1], el cual permitió que la Corte Penal Internacional (en adelante CPI) adquiriera competencia para investigar los “crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”[2], entre ellos, los crímenes de lesa humanidad.

En virtud del ER y de la propia jurisprudencia de la CPI, para la ocurrencia de este tipo de crimen se requiere la existencia de un ataque contra una población civil[3], el cual involucra:

  1. una operación o curso de conducta que implique la comisión múltiple de cualquiera de los actos mencionados en el artículo 7(1) del ER;
  2. que se haya dirigido contra una población civil; y
  3. que haya ocurrido en virtud de o en cumplimiento de una política de Estado o de una organización[4].

 

¿Cómo se debe interpretar el elemento «ataque contra la población civil»?

El ataque contra una población civil hace referencia a una campaña, operación o una serie de acciones dirigidas contra la población civil, esto es, una “línea de conducta y no de actos aislados”, para la comisión de los actos mencionados en el artículo 7(1) del ER, entre ellos, el asesinato, que constituirán en sí mismo el ataque, sin que se deba probar ningún otro requisito adicional[5].

En otras palabras, una línea de conducta involucra un comportamiento sistemático, esto es, una serie global de acontecimientos que permiten evidenciar patrones de conducta en el ataque, en lugar de actos aleatorios o desconectados entre sí[6]. Adicionalmente, la población civil deberá ser el objetivo principal del ataque.

Ahora bien, otro elemento de importancia tiene que ver con la política, al respecto se ha indicado por la CPI que esta hace referencia a una “planeación, dirección u organización -en lugar de actos espontáneos o aislados de violencia” sin que se precise la adopción formal de la política[7]. En el sentido del artículo 7(2)(a) del ER, la política refiere esencialmente al hecho de que un Estado o una organización, o ambas; tengan la intención de llevar a cabo un ataque contra una población civil, ya sea por acción u omisión deliberada de actuar[8]. De tal manera que, este elemento puede inferirse por la observación de, entre otras cosas, acciones repetidas que ocurren de acuerdo con un mismo patrón de conducta, o la existencia de preparaciones previas o movilización de tropas de manera coordinada.

Concretamente, la política puede deducirse de:

  1. unas circunstancias históricas generales y el marco político global en el cual se inscribieron los actos criminales;
  2. la defensa de un programa político, tal y como lo demuestren los escritos de sus autores y sus discursos;
  3. la propaganda mediática;
  4. la movilización de fuerzas armadas;
  5. la realización de ofensivas militares repetidas y coordinadas en el tiempo y en el espacio;
  6. la existencia de vínculos entre la jerarquía militar y la estructura política y su programa[9].

Finalmente, frente al elemento de la sistematicidad, ha indicado la CPI que hace referencia a la naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad de su ocurrencia al azar, de manera que los crímenes constituyen una “repetición no accidental de una conducta delictiva similar sobre una base regular”[10]. Y frente al elemento generalizado se ha dicho que connota la naturaleza a gran escala del ataque y el número de personas afectadas.

Más precisamente, hace referencia a la “masividad, frecuencia, llevada a cabo colectivamente, con una seriedad considerable y dirigido contra una multiplicidad de víctimas, sin que esta evaluación sea exclusivamente cuantitativa o geográfica, sino que debe llevarse a cabo sobre la base de los hechos individuales[11].

 

¿Cuál es el deber del Estado ante crímenes con características de sistematicidad o generalidad?

El Estado colombiano se ha obligado internacionalmente a cumplir con el deber de investigar y sancionar las conductas que revistan las características de crímenes internacionales, esto por cuanto ha aceptado la jurisdicción de la CPI y otros instrumentos de derecho internacional.

En este sentido, ASFC pone de presente los elementos anteriormente citados sobre los crímenes de lesa humanidad, para que sean evaluados por la opinión pública en relación con los acontecimientos recientes de asesinatos de líderes sociales en Colombia. Consideramos que el debate sobre la sistematicidad o no de esos crímenes debe realizarse de cara a lo que se ha establecido en la jurisprudencia de la CPI y del ER.

ASFC continuará trabajando conjuntamente con la sociedad civil y las instituciones con el fin de fortalecer el respeto de los principios de derecho penal internacional, así como la protección de los derechos fundamentales de las personas vulnerables.

 


[1] Adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, Roma, el 17 de julio de 1998. Entrada en vigor: 1º de julio del 2002. Entrada en vigor para Colombia: 1º de noviembre de 2002 en virtud de la Ley 472 de 2002 y la sentencia C-578 del mismo año.

[2] Artículo 5 del Estatuto de Roma

[3] En el sentido del artículo 7 (2)(a) del Estatuto de Roma.

[4] Es necesario demostrar que existió una política y que esta se conectaba con un Estado o con una organización. ICC-01/04-01/07-3436-tENG, Trial Chamber II, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Germain Katanga, Judgment pursuant to article 74 of the Statute, 7 March 2014, párr. 1097.

[5] ICC-01/05-01/08-424, Pre-Trial Chamber II, Situation in the Central African Republic in the case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 June 2009, párr. 75

[6] ICC-02/11-01/11-656-Red, Pre-Trial Chamber I, Situation in the Republic of Côte D‟ivoire in the case of the Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo, 12 June 2014, párr. 209-212.

[7] Ibíd. Párr. 214-216. ICC-01/04-01/07-717, Pre-Trial Chamber I, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Germain

Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation of charges, 30 September 2008, párr. 396.

[8] En el sentido del numeral 3 de los Elementos de los Crímenes, nota al pie de página 6.

[9] ICC-02/11-14, Pre-Trial Chamber III, Situation in the Republic of Côte D ́Ivoire. Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, 3 October 2011, párr. 43. ICC-01/09-19, Pre-Trial Chamber II, Situation in the Republic of Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 March 2010, párr. 86-87

[10] Pre-Trial Chamber I, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation of charges, 30 September 2008, párr. 394 y 397

[11] Pre-Trial Chamber I, Situation in the Republic of Côte D‟ivoire in the case of the Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo, 12 June 2014, párr. 222.