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Lo.a.s detenido.a.s más vulnerables frente al COVID-19

La actual crisis sanitaria pone de relieve la situación de las personas privadas de libertad. Varios Estados ya tenían dificultades para cumplir con las normas internacionales aplicables en este ámbito. Desafortunadamente, los problemas preexistentes contribuyen a exacerbar la vulnerabilidad de lo.a.s detenido.a.s al COVID-19, en particular debido al riesgo significativo de que la pandemia se propague en espacios confinados.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a los Estados a tomar medidas urgentes para proteger a estas personas en situaciones de vulnerabilidad. "El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad", dijo la Sra. Bachelet en un comunicado de prensa.

En las cárceles y penitenciarías, el hacinamiento, las condiciones higiénicas a menudo precarias y el acceso limitado a la atención médica son actualmente problemáticos. Por lo tanto, varios países han adoptado medidas excepcionales destinadas a reducir el número de preso.a.s en el sistema penitenciario. Este es el caso del Estado colombiano que, en un reciente decreto, autorizó el arresto domiciliario para cierto.a.s detenido.a.s considerado.a.s de mayor riesgo. Si bien este decreto es un paso importante hacia el respeto de los derechos de lo.a.s detenido.a.s en Colombia, solo el 3.3% de la población carcelaria puede beneficiarse de él. (Más información)

 

Protección de lo.a.s detenido.a.s


Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (denomidas Reglas de Nelson Mandela) establecen las condiciones de detención que los Estados deben respetar para cumplir con sus obligaciones internacionales en su territorio.

Las Reglas 15, 22 y 24 son particularmente relevantes hoy.

Higiene
15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.

Servicios médicos

22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional.


24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

En este contexto de pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda en su más reciente documento Pandemia y derechos humanos en las Américas que los Estados tomen medidas para combatir el hacinamiento en las cárceles, particularmente al pensar en alternativas al encarcelamiento. Invita a los Estados a priorizar la implementación de estas medidas para las personas con mayor riesgo de contagio, como las personas mayores y las mujeres embarazadas o en período de lactancia. Sin embargo, en los casos de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, la Comisión solicita a los Estados realizar un análisis exhaustivo antes de tomar cualquier medida y adoptar criterios más estrictos.

 

Peligro e impunidad


En varios países, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social en las cárceles simplemente no es posible debido al hacinamiento. Este es el caso de la cárcel de mujeres de Quetzaltenango en Guatemala donde 153 reclusas y 13 niño.a.s viven en condiciones precarias, como lo demuestra el Informe de la OMCT y Udefegua. Este documento enumera muchas irregularidades, incluida la falta de espacio en las celdas, que están privadas de ventilación y luz natural. Además, las mujeres detenidas y sus hijo.a.s no tienen acceso a atención médica ni a una alimentación adecuada. El informe también indica que el edificio de la prisión se encuentra en pésimo estado de conservación, comprometiendo la seguridad de las detenidas.

La constatación es la misma en varias cárceles haitianas. En respuesta a este problema de hacinamiento, el Estado haitiano ha procedido a varias liberaciones judiciales. Sin embargo, la Organización de Ciudadanos por una Nueva Haití afirma haber observado "graves irregularidades”, en particular por la liberación de personas condenadas por asesinato, violación e infanticidio. La organización también ha pedido una investigación.

Haití no es un caso único. En Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) denunció la celebración de discusiones sobre las liberaciones de Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, ambos condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos. Guatemala enfrenta una situación similar. Varios juicios relacionados con cargos por crímenes de guerra fueron dejados temporalmente en suspenso y algunos criminales de guerra ya condenados aprovecharon la oportunidad para solicitar su liberación inmediata, afirmando que corren el riesgo de contraer el virus. 

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