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El derecho a la salud afectado en Centroamérica

El derecho a la salud es uno de los principales derechos afectados en tiempos de pandemia. Y es precisamente para garantizar este derecho que algunos Estados han tomado medidas de salud pública sin precedentes para limitar la propagación del COVID-19.

El derecho a la salud incluye, en particular, el acceso a la atención médica, a tratamientos y a medicamentos adecuados tanto para las personas con el virus como para todas las demás personas que necesitan atención. También implica que lo.a.s profesionales de la salud tengan acceso a medidas de protección cuando trabajan en primera línea.

El ejercicio del derecho a la salud debe realizarse sin discriminación. Por lo tanto, un Estado no puede limitar el acceso al tratamiento contra el COVID-19 de sus oponentes políticos ni el de las minorías étnicas o religiosas. Desafortunadamente, el contexto actual de la pandemia está contribuyendo a exacerbar las desigualdades y las personas en situaciones vulnerables a menudo corren un riesgo mucho mayor.

El derecho a la salud, de hecho, está intrínsecamente vinculado a otros derechos humanos, como el derecho a la dignidad, a la vida, al agua, a la alimentación y a la vivienda. Es "un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.”

 - Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, 2000, par. 11

Este problema se siente particularmente en Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, casi la mitad de lo.a.s residentes no tienen acceso al agua potable, lo que hace que lavarse las manos con frecuencia sea impracticable y aumenta el riesgo de propagación del virus. Asimismo, Honduras tiene dificultades para garantizar la protección de lo.a.s profesionales de la salud frente a los altos riesgos de contaminación.

 

Lo que la ley exige de los Estados


En particular, el derecho a la salud está previsto en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.” 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas define las obligaciones estatales relacionadas con este derecho de la siguiente manera:

“Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes:  la obligación de respetar, proteger y cumplir.  A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover[xxiii].  La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud.  La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12.  Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud.” 

(Observación general No 14 (2000) El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales), par. 33)

 

Nuestros socios hondureños al frente


En respuesta a la crisis, el gobierno hondureño aprobó un presupuesto excepcional de varios millones dedicado a aumentar el personal en los hospitales y adquirir equipos médicos, suministros y equipo de protección personal. Un esfuerzo apreciado y esperado por nuestros socios pero que, lamentablemente, aún no se ha materializado.

De hecho, hasta ahora ninguna de las cantidades prometidas ha sido inyectada al sistema de salud. Por lo tanto, las condiciones hospitalarias siguen siendo inadecuadas para responder de forma eficaz a la crisis y la seguridad de lo.a.s trabajadore.a.s sanitario.a.s todavía no está garantizada. Por cierto, se han reportado numerosas renuncias de profesionales de la salud debido a la falta de medidas de protección y al alto riesgo de contaminación.

Para remediar esta situación, nuestros socios interpusieron un recurso de amparo con el objetivo de obtener el suministro de equipos y medicamentos para hospitales, clínicas y centros de salud del país. Este recurso tiene como objetivo establecer que la salud es un derecho fundamental y un servicio público, y recordar al Estado que es su responsabilidad implementar las medidas necesarias para que todas las personas tengan acceso a ella.

Aunque el sistema judicial se encuentra paralizado por el estado de emergencia, la Corte Suprema de Honduras admitió recientemente este recurso. Esta decisión supone un avance significativo en el contexto actual, en el que la Corte Suprema de Justicia juega un papel fundamental en el control de la legalidad o ilegalidad de las actuaciones del Poder Ejecutivo.

 


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