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Abogados sin Fronteras Canadá expresa su preocupación frente a las amenazas a la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia

Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) expresa su profunda preocupación frente a las serias amenazas que ponen en riesgo la integridad física y la vida de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP); de los comparecientes ante dicha Jurisdicción – en el caso de Benito Osorio y sus abogados; de Rodrigo Londoño y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso–, así como de algunos líderes políticos declarados “objetivo militar” por parte del autodenominado grupo “Águilas Negras”. 

Las amenazas realizadas por las “Águilas Negras”, denunciadas el pasado 26 de enero, se llevaron a cabo luego de que Benito Osorio rindiera testimonio ante la JEP confirmando los nexos entre grupos paramilitares con el gremio ganadero, la clase política del departamento de Córdoba y ex militares. Osorio fue un líder político y gremial en Córdoba que en 2008 ocupó por unos días la gobernación interina de ese departamento, nombrado por el presidente de la época, antes de renunciar por sus vínculos con paramilitares.

ASFC reitera su respeto por la soberanía colombiana, resalta los esfuerzos y compromisos de sus instituciones, contenidos en la legislación nacional, internacional y en el acuerdo de cooperación firmado entre el gobierno colombiano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

En este contexto, ASFC envió una carta (accesible aquí) al magistrado presidente de la JEP y al Fiscal General de la Nación con las siguientes recomendaciones:

  • Iniciar las investigaciones correspondientes frente a las amenazas registradas.
  • Implementar acciones de coordinación institucional a fin de investigar las menciones realizadas sobre las presuntas vinculaciones con el paramilitarismo de individuos en círculos de poder político, económico y militar. 
  • Adoptar todas las medidas necesarias, adecuadas y oportunas para salvaguardar la vida e integridad personal de las personas amenazadas.

Asimismo, se envió una copia de la carta a la Fiscalía de la CPI, a la que invitamos a monitorear la situación en el marco de los compromisos previstos en el Acuerdo de Cooperación, a fin de garantizar su efectivo cumplimiento. 

La plena ejecución de los compromisos, entre los que se incluye garantizar “la seguridad y protección del personal judicial y de los fiscales, así como de los participantes que comparezcan ante los diferentes mecanismos de rendición de cuentas”, daría cuenta de la plena voluntad y capacidad del Estado colombiano para administrar justicia genuina frente a crímenes de competencia de la CPI.


ASFC estará al tanto de la evolución de este asunto, y reitera su disponibilidad para jugar un rol de enlace entre la institucionalidad nacional y la sociedad civil colombiana que demanda justicia y paz.

 

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