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COVID-19: El estado de derecho y los derechos humanos siguen siendo igual de importantes en tiempos de crisis, resalta Abogados sin fronteras Canadá

Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) reconoce en primer lugar que la pandemia del COVID-19 es una problemática mayor de salud pública a nivel internacional. Todos los Estados deben adoptar medidas sin precedentes para contener la propagación del COVID-19, incluidas medidas que limitan el pleno ejercicio de los derechos y libertades garantizados por el derecho internacional y la legislación interna de cada país. 

Sin embargo, a pesar de la magnitud de esta crisis y del legítimo deseo de los Estados de contener los impactos en la salud pública, ASFC desea recordar que el contexto actual no exime a los Estados de su obligación de respetar y garantizar el respeto de los derechos humanos en su territorio.

Es evidente que el contexto actual agrava los factores estructurales de vulnerabilidad que impiden a ciertos sectores de la población disfrutar plenamente de sus derechos. No obstante, es imperativo señalar los peligros inherentes a las medidas que restringen los derechos y las libertades y reafirmar así nuestra adhesión colectiva a los principios en que se basa el estado de derecho.

 

Las medidas restrictivas respecto a los derechos humanos


Aunque un Estado puede invocar la salud pública para limitar el ejercicio de ciertos derechos, las medidas restrictivas propuestas deben cumplir los estándares internacionales y el derecho interno aplicables en la materia. Además, cualquier restricción debe ser:

  1. Estrictamente necesaria para lograr el objetivo esperado; 

  2. Proporcional, lo que significa que la medida debe ser la menos restrictiva de todas las alternativas consideradas; y

  3. No discriminatoria. (1)   

Si, en el presente caso, el objetivo que justifica las medidas – es decir la necesidad imperativa de detener la propagación del COVID-19 – parece legítimo, no debe ocultar otras motivaciones ilegítimas, ni abrir la puerta a medidas ilegales, abusivas o arbitrarias.

En estas circunstancias, ASFC recuerda que, incluso en caso de declaración de estado de excepción (2), un Estado no puede, en ningún momento y por ningún motivo, suspender, entre otras cosas:

  • El derecho a la vida;

  • La prohibición de la esclavitud y servidumbre; 

  • El derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y

  • El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (3)  

 

Los derechos humanos y el COVID-19


A fin de cumplir su obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, los Estados deben prestar especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, ya sean personas privadas de libertad, personas con discapacidad, adultos mayores, personas de bajos ingresos, solicitantes de asilo o miembros de pueblos indígenas. Además, los Estados deben adoptar medidas con enfoque de género para garantizar que las mujeres y las niñas no sean afectadas de manera desproporcionada por las medidas.

Uno de los principales derechos afectados en tiempos de pandemia es evidentemente el derecho a la salud. (4) Este puede definirse como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social (5), lo que incluye, entre otras cosas, el acceso a la atención médica, al tratamiento y a medicamentos adecuados tanto para las personas contagiadas por el COVID-19 como para las demás personas que necesiten atención. Además, las medidas adoptadas no deben tener el efecto de limitar el derecho a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de salud materna. (6)

Otros derechos pueden verse igualmente limitados debido a las medidas restrictivas adoptadas por los Estados para contener la propagación del COVID-19, y ciertas problemáticas preexistentes podrían agravarse. Por ejemplo:

  • El confinamiento en el hogar hace que las víctimas de violencia conyugal o doméstica estén en una situación de mayor vulnerabilidad. 

  • Las personas con ingresos más bajos pueden tener más dificultades para acceder a bienes básicos como el agua, alimentos y medicamentos, o para encontrar una vivienda segura durante los períodos de confinamiento.

  • Las personas privadas de libertad corren un riesgo especial de contagio, sobre todo cuando en los centros penitenciarios hay hacinamiento y las condiciones mínimas para su tratamiento no se cumplen.

Además, las medidas de confinamiento de la población no deben derivar en acciones que no tengan nada que ver con el objetivo previsto. Por ejemplo, los miembros de las fuerzas armadas o de la policía no pueden realizar registros ilegales o detenciones arbitrarias con el pretexto de que la circulación de personas está controlada. Del mismo modo, cualquier derogación de obligaciones fundamentales, como de proporcionar un recurso efectivo en caso de detención (hábeas corpus), o los principios fundamentales de un juicio justo, como la presunción de inocencia, no pueden ser justificados incluso cuando se ha declarado un estado de excepción.

 

La importancia de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos


Por último, en la situación actual, los defensores de derechos humanos deben poder continuar efectuando su trabajo. Por lo tanto, estas deben seguir pudiendo documentar las violaciones de los derechos humanos e incidir para que los Estados actúen de conformidad con sus obligaciones internacionales. Por consiguiente, las medidas adoptadas no deben tener por objeto silenciarlos, mediante detenciones, ni obstaculizar su labor, dificultando el acceso a toda la información pertinente sobre la situación o presentándoles un panorama engañoso de la misma. Además, los Estados siguen teniendo la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos de la violencia, las amenazas o las represalias. (7) Los defensores de derechos humanos deben seguir siendo un verdadero contrapeso democrático en estos tiempos difíciles.  
 

Referencias


1. Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y suspensión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, E/CM.4/1985/4, 28 de septiembre de 1984; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 14 (2000) El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párrs. 28 y 29.

2. Los Estados deben informar por medio de un sistema de notificación internacional al hacer uso del derecho de suspensión en virtud del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es también el caso de algunos instrumentos regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 27.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, párrafo 2 del artículo 4. En la Observación general No. 29 (Estados de excepción (artículo 4)), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas menciona otros derechos que un Estado no puede suspender durante un estado de excepción. La Convención Americana de Derechos Humanos protege más derechos (art. 27(2)).

4. El derecho a la salud está previsto en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 16 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

5. Observación General No. 14, supra nota 1.

6. Observación General No. 14, supra nota 1, párrs. 34 a 36.

7. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 34 (Artículo 19: Libertad de opinión y de expresión), CCPR/C/GC/34, 12 de septiembre de 2011, párrs. 21 a 36. Véase también Asamblea General de las Naciones Unidas, Situación de los defensores de los derechos humanos, A/72/170, 19 de julio de 2017.

 

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