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La lucha de la comunidad afrodescendiente de Anchicayá en Colombia: Premio Nacional de Derechos Humanos

Bogotá - 10 de diciembre de 2021.-  El Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá en Buenaventura, Colombia, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, por ser el proceso colectivo del año en el país. Este merecido reconocimiento, recibido en octubre pasado, posiciona al la comunidad afrodescendiente de Anchicayá en su histórica lucha reivindicativa de sus derechos a habitar el territorio y reconocer el daño ocasionado al río por un megaproyecto. 

Anteriormente, en julio del 2021, la comunidad afrodescendiente de Anchicayá, y su apoderado legal Germán Ospina, fueron notificados del fallo del Consejo de Estado (máxima autoridad administrativa en Colombia) que puso fin, en la justicia interna, a un litigio que duró veinte años. En el fallo se reconocen las indemnizaciones al grupo afectado, no obstante, se hace desde una perspectiva que desconoce lo probado a lo largo del proceso administrativo. Por ejemplo, los valores asignados por concepto de reparación de manera individual y grupal, a la comunidad y el reconocimiento de los perjuicios morales, daño a la salud y vida.


Antecedentes generales del caso


En el año 2001, la comunidad se vio afectada por el vertimiento al río Anchicayá de sedimentos tóxicos atrapados en la represa, en una acción conjunta entre la empresa de energía e instituciones estatales encargadas, paradójicamente, del cuidado del medio ambiente. Desde ese año, la comunidad recuerda y afirma incesantemente: “nos mataron el río”.

Para el año 2009, la comunidad logró el reconocimiento judicial de los daños ocasionados por la empresa, en connivencia, con la entidad del Estado que debía vigilar su accionar. En consecuencia, se les obligó a pagar una suma monetaria por las afectaciones ocasionadas debido al vertimiento de residuos sólidos contaminantes al río Anchicayá. A esta altura del procedimiento, la comunidad se acercaba a obtener algo de justicia por los daños sufridos. 

No obstante, la indemnización ganada judicialmente se dilató en una serie de actuaciones administrativas que, doce años después y contando, no han permitido su materialización efectiva.


Defensa del territorio: el río y la comunidad son uno solo


La población de Anchicayá es una comunidad anfibia. Esto quiere decir que habitan el territorio en unidad con el río, con la fuente de agua. Es del río de dónde garantizan su sustento alimenticio y económico, derivado de la actividad ancestral de la pesca. Esta relación esencial les permite conocer a profundidad los caudales, afluentes, corrientes y sitios especiales de pesca, así como, las especies que allí viven. El río hace parte fundamental de sus actividades cotidianas y recreativas, de allí nacen aspectos culturales (bailes, instrumentos, alabaos, etcétera) reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio.

De igual manera, el río es la principal vía de comunicación de la comunidad con el casco urbano de Buenaventura, el principal puerto del país, que les permite una interacción con redes comerciales. En este sentido, la muerte del río significa, también, la imposibilidad para la comunidad de subsistir física y culturalmente. De hecho, en derivación del daño realizado por la empresa y la actividad cómplice del Estado, la comunidad de Anchicayá ha atravesado un difícil proceso de desarraigo, desplazamiento, pobreza e insatisfacción de necesidades humanas básicas. 

En tal medida, las reivindicaciones solicitadas por la comunidad de Anchicayá -como lo hacía saber uno de los líderes-, van mucho más allá de las “monedas, aunque muy necesarias para la comunidad, pero de lo que aquí se trata es de hacer valer nuestra dignidad”.


El rol de Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)


ASFC acompaña el caso desde aproximadamente el año 2013. En el marco de dicho acompañamiento, ASFC ha presentado una serie de escritos de amicus curiae dirigidos a las Altas Cortes colombianas. También, ASFC ha acompañado al apoderado legal y a la comunidad en visitas al terreno ejecutadas por la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, ASFC ha participado en audiencias públicas efectuadas en el Congreso de la República y en foros de conmemoración del caso, iniciativas que han surgido desde la comunidad y su apoderado. De igual manera, y ante actuaciones que buscan utilizar el derecho penal para amedrentar la actividad judicial del apoderado Germán Ospina, ASFC ha presentado cartas ante las instituciones poniendo de presente su preocupación. 

En el futuro inmediato, ASFC prepara un escrito de amicus curiae para ser presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


   

 

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