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ASFC acoge con satisfacción una decisión crucial de la Corte Constitucional de Colombia


Bogotá, el 15 de junio 2018 -  El 5 de marzo de 2018, la Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión histórica a favor de los derechos fundamentales de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Dicha decisión constituye un precedente notable y un logro importante para los derechos de las mismas, incluso el derecho a un proceso legal efectivo.

 

Corte Constitucional de Colombia, Bogotá.

 

En este caso concreto, los hechos se remontan al día 25 de agosto de 2008, en donde la víctima, un joven de 19 años que vivía en la ciudad de Bucaramanga, fue desaparecido, asesinado por miembros del ejército a más de 130 km de su casa en el Norte de Santander y presentado junto a otros cuerpos como muertos en combate. 

En el caso planteado, un tribunal de Bucaramanga está llevando a cabo un juicio en contra de varios miembros de la fuerza pública por la muerte de tres jóvenes en un caso emblemático de “Falsos Positivos”. Este término se refiere a la penosa práctica de las fuerzas pública que cometieron ejecuciones ilegales de civiles de manera sistemática y generalizada y presentando los homicidios como bajas de grupos ilegales ocurridos en escenarios de combates con fin de obtener varios beneficios por parte del Gobierno.  

Desde el inicio del proceso judicial en 2011, ASFC ha estado documentando el caso y brindando un apoyo técnico y económico al trabajo de un representante de víctima, apoyando la representación y al reforzamiento de las capacidades de las víctimas contempladas.


Decisión a favor del derecho fundamental de acceso a un recurso judicial efectivo


En la decisión de la Corte, constatando la gestión ineficaz del proceso ante las suspensiones y los aplazamientos injustificados y concurridos, la Corte se pronunció finalmente a favor del amparo de los derechos fundamentales de la víctima. En particular, reconoció el proceso penal como expresión del derecho de las víctimas del conflicto armado a un recurso judicial efectivo y a la atención integral, lo que incluye en particular el derecho de obtener una decisión dentro de un plazo razonable, con el fin de superar la re victimización generada por los retrasos y evitar un escenario de impunidad.

 

Corte Constitucional de Colombia, Bogotá.

 

Por lo tanto, la Corte ordenó al juez de primera instancia que profiera sentencia dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la providencia, la cual fue realizada el 16 de mayo de 2018. Además, frente a los fallos de gestión del agenda judicial por parte del juez y del Fiscal y de las dilaciones indebidas del proceso por parte de varias instituciones, ordenó investigar disciplinariamente al juez, el Fiscal, a los abogados y abogadas de la defensa, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y al Centro militares de reclusión.

Por otro lado, esta sentencia se convierte en un gran paso en la lucha contra la impunidad. Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica y Naciones Unidas registraba en 2015 registra una tasa de impunidad del 95 por ciento en casos de desaparición forzada. Según el Centro de Investigación para la Educación Popular (CINEP), el número de víctima de falsos positivos asciende a 5.265 entre 2002 y 2010, mientras que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEE) nos indica que se reportaron más de 6.863 víctimas desde el año 2.000, entre los cuales más de 2.316 se encuentran en estado de investigación abiertas, según el Fiscal General de la Nación (a fecha del 31 diciembre de 2016).


Una cooperación internacional para la protección de los derechos de las víctimas


La privación de la vida por las autoridades del Estado releva de una cuestión de suma gravedad y por eso ASFC sigue comprometido a acompañar los esfuerzos de sus socios colombianos en la lucha por todos los derechos de las víctimas de tales delitos.

Presente en Colombia desde 2003, ASFC lleva a cabo el proyecto Justicia transicional y mujeres (JUSTRAM) en diferentes regiones del pais. Este proyecto tiene como objetivo fomentar la confianza en la justicia transicional y el fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres y las víctimas del conflicto armado. Las actividades del JUSTRAM se articulan entre cuatro componentes que son la sensibilisacion sobre la justicia transicional, la incidencia nacional e internacional a favor de los derechos y la participacion de las mujeres, el litigio estrategico y el fortalecimiento de capacidades de los actores de la justicia.