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COVID-19: Seguimiento del Estado de emergencia en Colombia

En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia, mediante Decreto-Ley 417 del 2020 expedido por el gobierno nacional, así como el control constitucional automático (1) a este por parte de la Corte constitucional, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), plantea algunas consideraciones de índole jurídico. Lo anterior, con el fin de contribuir a la adecuada formulación, considerando los estándares internacionales, de las medidas y decretos reglamentarios (2) que de esta emergencia se deriven, para afrontar la actual crisis en virtud de la propagación del virus SARS-CoV-2.


Sin embargo, a pesar de la magnitud de esta crisis y del legítimo deseo de los Estados de contener los impactos en la salud pública, ASFC desea recordar que el contexto actual no exime a los Estados de su obligación de respetar y garantizar el respeto de los derechos humanos en su territorio. Así las cosas, desde ASFC se hace énfasis en los artículos 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) los cuales establecen los límites en caso de tener que suspender ciertas obligaciones consagradas en virtud de un estado de excepción. Por lo mismo, existen obligaciones cuya vigencia no cesa, entre estas el respeto al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de conciencia, la prohibición de tortura y la esclavitud. Por lo mismo, las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos tampoco podrán ser objeto de suspensión. (3)


La CADH manifiesta que los poderes de excepción deben darse con ocasión a la existencia de una amenaza actual/inminente. En consecuencia, las medidas en respuesta a dicha amenaza deben ser, además de excepcionales, proporcionales ante la gravedad de la situación y el fin buscado, temporales4 y bajo supuestos no discriminatorios. (5) Dicho esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoDH) ha insistido en que la juridicidad de las medidas se deberá evaluar conforme al contexto de la emergencia (6) sin perjuicio al deber de observancia de otras normas internacionales.


Adicionalmente, con base en fuentes de derecho nacional, se debe recordar que durante los estados de excepción le está especialmente vedado al poder Ejecutivo: (a) suspender derechos humanos y libertades fundamentales; (b) interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público y (c) suprimir o modificar los organismos, ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento. (7)

Por lo mismo, y a la luz del principio de derecho internacional de diligencia debida de los Estados, se hace un llamado a considerar cuatro escenarios, en armonía con la misión de ASFC en Colombia desde el año 2003:

 

1. Impactos en el marco del conflicto armado no internacional (CANI) y otras situaciones de violencia.

  • El artículo 27 de la CADH no puede fungir como justificación para la inobservancia de normas imperativas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

  • ASFC reitera que la población que vive en zonas con presencia de diversos actores armados, en su mayoría aisladas de cascos urbanos, está sometida a diversos factores de vulnerabilidad que pueden verse incrementados y/o acentuados por el SARS-CoV-2, especialmente tratándose de acceso a servicios hospitalarios y la implementación de medidas de prevención adecuadas.

  • Por lo mismo, se advierte que muchos de los actores que controlan, o disputan el control de dichas zonas, pueden usar las medidas de contención y mitigación del brote del virus, como el aislamiento obligatorio, como oportunidad para tomar acciones represivas contra la población que queda indefensa en caso de que las medidas de seguridad y el actuar armónico de las instituciones de gobierno y Estado no sean efectivas.

  • En el marco de nuestras labores de acompañamiento y trabajo con organizaciones de la sociedad civil colombiana rechazamos el ataque con arma blanca al líder LGTB Jhon Restrepo en la comuna 8 de Medellín, fundador de la Casa Diversa en la misma comuna (8), así como el asesinato del joven de 18 años, Wilder García, indígena Awá perteneciente al Resguardo de Tortugaña Telembí en el departamento del Nariño. Ambos hechos perpetrados por actores armados de la zona.

 

2. Impactos en los derechos/situación de las mujeres

  • Lejos de pretender abordar la totalidad de los impactos que la pandemia en el país tiene en la vida de las mujeres, ASFC señala algunos que, aunque estructurales, ya se han visto acentuados y recrudecidos a partir de las medidas locales, regionales y nacionales desde la declaratoria de la emergencia sanitaria y ahora Estado de Emergencia.

  • El incremento del riesgo de violencias basadas en género fue objeto de pronunciamiento por parte de ONU Mujeres9 mencionado que en contexto de emergencia aumenta el riesgo igualmente de explotación sexual, tráfico de personas, violencia cibernética entre otras y emitiendo recomendaciones al Estado colombiano.

  • Se destaca la importancia de considerar de manera diferencial las necesidades de las mujeres. Es así como el enfoque interseccional es fundamental para evidenciar no solo las afectaciones diferenciales vividas por ellas en situaciones de emergencia tal como se plantea en la Recomendación N° 28 de la CEDAW10 y en el artículo (9) de la Convención Belem do Pará, sino que también constituye una herramienta esencial para la adopción e implementación efectiva de medidas que respondan a los contextos particulares de las mujeres. Estas medidas podrán estar dirigidas a disminuir no solo los riesgos de violencias contra las mujeres sino responder a las necesidades particulares desde su diversidad.

 

3. Impactos en los derechos/situación de población migrante.

  • Teniendo en cuenta lo establecido por la CIDH11 en el marco de la interpretación del artículo 27 de la CADH, las medidas de excepción a adoptar que puedan afectar de manera directa o indirecta a un grupo social no pueden configurar ningún trato discriminatorio. A nivel interno, el derecho contitucional colombiano consagra el juicio de no discriminación el cual entraña la necesidad de verificar que no se tomen medidas restrictivas de derechos atendiendo a categorías sospechosas como la raza, la nacionalidad, la orientación sexual o cualquier otro criterio de similares características. Mediante este se impone a la Corte la necesidad de controlar que no existan categorías sospechosas -entre ellas la nacionalidad- o tratos diferenciados que vulneren el principio de igualdad.

  • Dicho esto, la población migrante, en especial aquella proveniente de Venezuela con factores de vulnerabilidad acentuados, debe ser tenida en cuenta dentro de las medidas de emergencia para contener la propagación de la pandemia; las medidas de carácter socio-económico deben integrar a esta población en virtud de los tratados internacionales y las normas constitucionales que los protegen. Por consiguiente, la Corte Constitucional en Sentencia SU-677 del 2017 ha recordado que en virtud del artículo 100 Superior “los extranjeros disfrutan de los mismos derechos civiles que se concede a los nacionales”.

 

4. Impactos en población privada de la libertad

  • Es crucial recordar que, desde 1998, la Corte Constitucional a través de sus sentencias12 ha reconocido:

  • Un estado de cosa inconstitucional a raíz, entre otras, de la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de este grupo poblacional.

  • La calidad de sujeto de especial protección constitucional que detentan las personas privadas de la libertad.

  • Las problemáticas estructurales, el hacinamiento carcelario, la precaria situación de la prestación del servicio de salud y las deficientes condiciones de salubridad e higiene de la mayoría de los establecimientos penitenciarios.

  • Las mencionadas condiciones estructurales posibilitan la propagación del virus SARS-CoV-2.

  • ASFC hace énfasis en los episodios de violencia vividos el pasado 21 de marzo en diversos centros de reclusión, que dio lugar a la adopción de la Resolución N° 001144 del 22 de marzo del 202013 para decretar el Estado de emergencia Penitenciaria y Carcelaria por parte de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Sin adentrarse en hechos ocurridos, ASFC apela a la necesidad de tomar medidas que respeten los derechos y la dignidad humana de estas personas, de cara a los estándares internacionales en la materia, reconociendo que la precaria infraestructura de los establecimientos ha generado situaciones de hacinamiento, siendo uno de los detonantes de violencia al interior de los centros, y obstáculos para garantizar medidas mínimas como el acceso al agua apta para el consumo humano.

  • En consecuencia, se invita al Estado colombiano a tener presente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las américas SIDH, así como las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes14 (Reglas de Bangkok).

 

Para más detalles, lea el documento ASFC-Colombia presentado ante la Corte Constitucional Colombiana en relación con el Estado de emergencia económica, social y ecológica – Decreto 417 de 2010.

 


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Referencias

1. Reglado por los artículos 212 a 215 de la Constitución Política, a su vez desarrollado por los artículos 55 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y 36 a 38 del Decreto 2067 de 1991.

2. Decreto 460 de 2020. Por el cual se dictan medidas para garantizar el servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Ministerio de Justicia y el Derecho. Disponible acá:

3. Mediante nota S-GPI-20-008290 el gobierno colombiano envía información al cuerpo diplonático y organismos internacionales sobre el decreto de Estado de Emergencia. Consultar acá.

4. En la Observación general No. 29 (Estados de excepción (artículo 4)), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas menciona otros derechos que un Estado no puede suspender durante un estado de excepción. La Convención Americana de Derechos Humanos protege más derechos (art. 27(2)).

5. Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y suspensión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, E/CM.4/1985/4, 28 de septiembre de 1984.

6. Ver CoIDH. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de julio de 2007 (). Párr. 48.

7. Leer de manera holística con los artículos 1 y 24 de la CADH. Ver además Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación general No. 29 (Estados de excepción (artículo 4)), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001. CIDH. Población Nicaragüense de origen Miskito, 1983. Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de un sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito. OEA/Ser.L/V/II.62. En este se interpreta el segundo párrafo del artículo 27 de la CADH afirmando que “la emergencia debe revestir un carácter grave, motivada por una situación excepcional que verdaderamente signifique una amenaza a la vida organizada del Estado.”

8. Primer sujeto de reparación colectiva LGTB reconocido a nivel mundial.

9. Dimensiones de Género en la crisis del COVID-19 en Colombia. Impactos e implicaciones son diferentes para mujeres y hombres. Onu
Mujeres. 2020. Disponible acá

10. CEDAW/C/GC/28, 2010, párr. 18

11. Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de un sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito.

12. Ver Sentencia T 153 de 1998, C 388 de 2013 y la Sentencia T 762 de 2015

13. Resolución N° 001144 del 22 de marzo del 2020. Por medio de la cual se declara el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC. Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Disponible acá.  

 

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